El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que prorroga las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028. Esta extensión de cuatro años adicionales amplía la suspensión de desahucios hipotecarios, la cual estaba programada para finalizar el 15 de mayo de este año, según las referencias del Consejo de Ministros.
La suspensión de lanzamientos hipotecarios prevista en la ley ha sido una herramienta crucial para mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia del Covid-19, la guerra en Ucrania y, especialmente, el aumento de la carga financiera de los hogares relacionado con los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual. Este incremento en la carga financiera ha sido ocasionado por el endurecimiento de la política monetaria que comenzó en el segundo semestre de 2022.
Declaraciones del Gobierno sobre la Suspensión de Desahucios
Desde el Gobierno han subrayado la necesidad de prolongar estas medidas de suspensión de desahucios hipotecarios para “mantener la protección de deudores y sus familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad”. El objetivo es evitar que estos deudores y sus familias sean conducidos a una situación de exclusión social.
La prórroga de la suspensión de desahucios busca proporcionar un alivio continuo a los hogares que enfrentan dificultades económicas, garantizando que puedan mantener sus viviendas en tiempos de incertidumbre financiera.
Con la aprobación de esta prórroga, el Gobierno cumple con su compromiso con Sumar, Podemos y Bildu, dando “luz verde” a un acuerdo previamente alcanzado con estas formaciones políticas. Este acuerdo fue fundamental para que estas formaciones votaran a favor de la convalidación del decreto anticrisis.
Reacciones de Podemos
Podemos, que ha estado negociando durante semanas para asegurar esta extensión, ha destacado la importancia de la medida. La formación morada ha insistido en que, de no prorrogarse la suspensión, se produciría “una pérdida de confianza muy grave”.
Esta extensión de la suspensión de desahucios hipotecarios refleja el compromiso del Gobierno de proteger a los colectivos más vulnerables en un contexto económico difícil. La medida es parte de un conjunto más amplio de políticas destinadas a asegurar que las familias que enfrentan dificultades financieras no sean expulsadas de sus hogares, promoviendo así la estabilidad y el bienestar social en España.
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