CONCURSO CONSECUTIVO

El concurso consecutivo, fruto de la reforma de la Ley Concursal por la Ley 14/2013 y sus modificaciones posteriores, como el Real Decreto-Ley 1/2015 y la Ley 25/2015, representa un innovador procedimiento para abordar situaciones de insolvencia. Este mecanismo legal, que entró en vigor el 18 de octubre de 2013, ofrece una vía específica cuando fracasa la negociación extrajudicial de pagos o cuando el deudor no cumple con los términos acordados.

El concurso consecutivo constituye una modalidad especial dentro del ámbito de los concursos de acreedores. Surge en situaciones donde no se logra un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP), y puede activarse por la negativa de los acreedores a negociar, la no aceptación de la propuesta por parte de los mismos o el incumplimiento del deudor tras la aprobación del AEP.

Este proceso se desarrolla ante el juez concursal, marcando un cambio de enfoque de la negociación a la vía judicial. Una de sus principales ventajas radica en la posibilidad que otorga al juez de conceder la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incluso respecto a créditos públicos, sin posibilidad de oposición por parte de los acreedores.

EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO (EPI)

El EPI, regulado por el artículo 178 bis de la Ley Concursal, es un mecanismo crucial introducido por la Ley de Segunda Oportunidad para cancelar las deudas pendientes, tanto públicas como privadas. Para acceder a este beneficio, el deudor debe cumplir con ciertos requisitos, como demostrar buena fe y seguir lo dispuesto en la Ley Concursal.

Existen dos modalidades de EPI, el definitivo y el provisional, cada uno con condiciones específicas y alcances diferentes. El proceso del concurso consecutivo concluye cuando se reconoce el EPI definitivo, aunque su duración puede variar y extenderse, especialmente si se trata de un EPI provisional con un plan de pagos vigente.

¿CUÁNTO DURA UN CONCURSO CONSECUTIVO?

La duración del proceso del concurso consecutivo no puede determinarse con precisión, ya que depende de la disponibilidad del juzgado y la carga de trabajo pendiente. Sin embargo, en términos generales, suele tardar entre 3 y 6 meses en resolverse, aunque la vigencia de un plan de pagos puede extender los efectos del proceso durante varios años.

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